Apuntes para la reforma de la administración de justicia
Solo algo de mucha urgencia justifica despertar al presidente de los EE.UU. de su sueño nocturno: un percance familiar, una catástrofe de proporciones, una acción militar de la mayor urgencia o el fallecimiento de un miembro de la Corte Suprema.
Es que la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. es una de las instituciones de mayor importancia para la existencia de esta nación. Su prestigio y trascendencia es de tal magnitud que todos sus integrantes son vitalicios, es decir solo dejan la Corte Suprema cuando mueren, renuncian o sufren algún impedimento que afecte irremediablemente su salud.
La probidad, conocimientos y experiencia de sus miembros es de tal nivel que en ese país no es necesario un Tribunal Constitucional como lo tenemos en el nuestro. Eso hace, pues, que la Corte Suprema sea verdaderamente "suprema", y no como sucede en nuestro corrompido sistema de justicia en que por encima de la Corte Suprema aún podemos recurrir al Tribunal Constitucional, el mismo que está a punto de declararse en emergencia por la inmanejable carga procesal.
Hoy leí en un titular de un diario capitalino el clamor del presidente Vizcarra: "¡Que se vayan todos!". Parece un pedido ingenuo; pero qué oportuno y valedero lo es en la coyuntura presente. Y es que la reforma de la administración de justicia en nuestro país merece una revisión desde los niveles más inferiores para llegar hasta los más superiores.
Pero esta reforma no solo debe ser de un cambio de personas sino -fundamentalmente- de implantar una nueva cultura organizacional judicial. El Perú del siglo 21 necesita que su poder judicial sea el fundamento de la democracia y del desarrollo nacional. La reforma también debe incluir la reformulación de los códigos procesales que están conformados por un sinúmero de cerrojos y bypases que no favorecen la justicia sino que potencializan, más bien, la criollada y la "sacada de vuelta" a la ley sustancial. Cuántos fallos judiciales son verdaderas ofrendas a la diosa de la injusticia por la superposición de las exigencias procesales sobre los derechos sustantivos reclamados por los justiciables. Creo -con mucha convicción- que el derecho y la administración de justicia debe ser de tal claridad y sencillez que no sea imprescindible un profesional en leyes para que aquél pueda concretizarse.
La reforma de la administración de justicia en nuestro país es un clamor histórico. Las cortes deben despojarse para siempre del secretismo. La sociedad debe tener -con la excepción de los casos sobre el honor- libre acceso a todos los expedientes judiciales para que de esa manera sea factible el escrutinio del accionar de los magistrados y de los abogados. Las universidades deben volver a retomar la revisión de los expedientes. En el caso de los estudiantes de derecho, éstos deberían graduarse con informes de expedientes judiciales, y obtener el título profesional con una tesis. De esta manera se retomaría el escrutinio del accionar procesal de los jueces, los abogados y las partes.
En nuestro corrompido poder judicial también se aplica, con mucha propiedad, la costumbre de disfrazar con los artilugios de la pompa, la desnudez y la orfandad. El uso de medallas, la exigencia de vestimentas "acordes con la majestad del juzgado", el lenguaje medioeval que aún se emplea en los escritos y resoluciones judiciales y el secretismo en casi todas sus actuaciones no son más que el blanqueamiento de un estado de cosas putrefacto que ya no soporta más el clamor de la justicia popular ni las exigencias de la sociedad peruana que anhela llegar al Bicentenario con una plataforma real de crecimiento y desarrollo a todo nivel.
No en vano, Jesús, hace más de dos mil años dijo con toda verdad: "Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad". Mateo 23:27
